El caso de la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set continúa escalando tanto en número de víctimas como en acciones legales.
Hasta la fecha, la Fiscalía del Distrito Nacional de República Dominicana ha confirmado que se han presentado 95 querellas formales contra Antonio Espaillat, propietario del icónico local nocturno Jet Set donde el pasado 8 de abril colapsó el techo durante una presentación artística, dejando un saldo devastador de más de 230 muertos y casi 200 heridos.
La cifra ha ido en aumento conforme más familias se suman al proceso, con reclamos que incluyen desde homicidio involuntario hasta daños morales y patrimoniales por negligencia.
Estas querellas han sido presentadas no solo por los familiares de las víctimas, sino también por sobrevivientes del siniestro, quienes aseguran que hubo múltiples advertencias previas sobre las condiciones deterioradas del techo.
Personal del Jet Set rompe el silencio
Ex empleados de Jet Set han brindado testimonio a la Fiscalía afirmando que tanto Antonio como su esposa, Maribel Espaillat, tenían conocimiento de las filtraciones, grietas y signos visibles de fatiga estructural, pero decidieron no cerrar el establecimiento ni suspender eventos lucrativos.
La indignación pública creció luego de revelarse que Gregory Adames, exencargado de reservaciones del local, había denunciado por escrito y verbalmente los daños en la estructura semanas antes del colapso, e incluso mencionó haber sido presionado para no hablar con medios ni autoridades.
En ese contexto, la fiscalía sostiene que existe un riesgo real de obstrucción a la justicia y manipulación de testigos, lo cual motivó su decisión de solicitar prisión preventiva por 18 meses para Antonio Espaillat y arresto domiciliario para Maribel Espaillat, acompañados de medidas restrictivas como la prohibición de salida del país.
En las últimas horas, representantes del Ministerio Público señalaron que el caso está siendo tratado con la gravedad de una tragedia nacional.
La fiscalía ha solicitado que el proceso sea declarado complejo, dada la magnitud de las consecuencias, la cantidad de afectados y la necesidad de peritajes técnicos que podrían prolongarse.
En sus declaraciones públicas, el fiscal adjunto indicó que esta acumulación de querellas "es proporcional al nivel de abandono y desprecio por la vida humana que se demostró al seguir operando un local claramente peligroso".
La defensa de Antonio Espaillat
Por su parte, los abogados defensores de Antonio Espaillat han rechazado las acusaciones de responsabilidad directa. Alegan que su cliente no tuvo una participación operativa diaria en la gestión del local y que las condiciones estructurales estaban certificadas como seguras por ingenieros contratados.
También han solicitado al juez que se permita enfrentar el proceso en libertad, argumentando que no representa riesgo de fuga ni de reincidencia.
La audiencia para decidir sobre las medidas de coerción está programada para este miércoles 18 de junio en Ciudad Nueva, y se espera una fuerte presencia de medios, familiares de víctimas y activistas sociales.
La resolución de esta solicitud marcará un punto clave en el proceso judicial que ya ha sido calificado como uno de los más sensibles de los últimos años en República Dominicana.
"Esta tragedia pudo haberse evitando, sin duda es culpa de los dueños", "Nadie le devolverá a sus seres queridos a las familias pero por lo menos sabrán que se hizo justicia", "Esperamos que estás personas responsables paguen en la cárcel", son algunas reacciones en redes sociales.
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